El transporte público en Lima y Callao se encuentra en una situación crítica que exige una transformación urgente. Como ciudadano y observador del desarrollo urbano, no puedo dejar de reflexionar sobre los señalamientos realizados por la Asociación Automotriz del Perú (AAP) y los datos del informe "Lima Cómo Vamos".
La insatisfacción del 60% de los usuarios no es una simple estadística; es un reflejo del deterioro de un sistema que no cumple con las necesidades de la población y que limita la movilidad, la productividad y la calidad de vida en nuestra capital.
El panorama actual está dominado por un parque vehicular precario, con buses, combis y cústers que operan en condiciones inadecuadas y con poca regulación efectiva. Aunque sistemas como el Metro de Lima y el Metropolitano han demostrado ser soluciones más eficientes, su alcance sigue siendo insuficiente frente a la demanda creciente. Es imperativo ampliar su cobertura y optimizar su operación para que realmente sean alternativas viables para un mayor porcentaje de ciudadanos.
Coincido con la AAP en que la modernización del transporte tradicional es un paso ineludible. La implementación de un bono de chatarreo para renovar la flota vehicular podría ser una estrategia eficaz para retirar de circulación unidades obsoletas y contaminantes, pero este esfuerzo debe ir acompañado de un control riguroso y políticas sostenibles que incentiven una transición hacia vehículos más eficientes y seguros.
Asimismo, la promoción de alternativas sostenibles como el uso de bicicletas y la mejora en la infraestructura de ciclovías es un componente clave en esta transformación. No podemos seguir postergando un modelo de movilidad más amigable con el medio ambiente. Las ciudades modernas han demostrado que la integración de estos medios es una solución viable para reducir la congestión vehicular y mejorar la calidad del aire.
Por otro lado, la inseguridad en el transporte es un factor que no puede ser ignorado. La falta de medidas de protección efectivas en buses y paraderos disuade a los ciudadanos de utilizar el transporte público y los expone a riesgos constantes. La vigilancia activa y la implementación de estrategias de seguridad son esenciales para garantizar un entorno más confiable para pasajeros y conductores.
Este problema no se resolverá sin una intervención decidida por parte de las autoridades. No se trata solo de mejorar el transporte, sino de apostar por el desarrollo económico, la equidad social y el bienestar colectivo. La inercia administrativa debe quedar atrás. La inversión en movilidad urbana es una necesidad impostergable y una responsabilidad compartida entre el Estado, el sector privado y la ciudadanía.